El Gobierno, que se ha empeñado en modificar la “ley del aborto”, quiere presentar ahora esta modificación como “más de lo mismo”, pero no es verdad –tampoco eso es verdad-: si en la anterior situación el aborto estaba contemplado como un mal menor, en esta propuesta se presenta como un bien en términos absolutos. Ya no se tratará de un delito no punible, ahora será un derecho, algo exigible, a lo que se podría aspirar.
Y se presenta como una reclamación de la voluntad popular, de modo que cuesta decir que no, cuesta vencer la pereza para oponerse a la mayoría. Pero es que no se ve por ninguna parte ese apoyo de la mayoría. Es verdad que lo promueve el partido más votado, pero no llevó esta cuestión a su programa electoral y, por tanto, nadie votó a su favor. Ni en contra: no era eso lo que estaba en cuestión.
Ahora nos dicen que esa voluntad popular mayoritaria se demuestra simplemente por el pacto de los miembros del Congreso de los Diputados. Hay que contestar que entonces no sólo se trata de un proyecto de ley injusto, sino que es ya injusto el uso que hacen del voto que se les ha otorgado. Se trata de una falsificación -de otra falsificación- de la voluntad popular. Un abuso de poder, un abuso de confianza: han recibido nuestro encargo para dirigir la política del Estado, pero ponen en boca de los electores algo sobre lo que los electores no se han pronunciado.
Y la cuestión es que mantienen la intención de seguir adelante sin solicitar ese pronunciamiento. No quieren preguntar, porque no les interesa la opinión de los electores. Pero deberían interesarles saber si, efectivamente, tienen el apoyo de la población, y por eso, aunque no nos pregunten, debemos hacerles llegar nuestro punto de vista. Nos escamotean nuestra soberanía, nos niegan la consulta de las urnas: pues votaremos con los pies, como entonces.
Eso es lo que nos hace vencer la pereza, abandonar el sofá y pasar ese día en carretera, lo que nos pone en marcha para encontrarnos en Madrid el próximo día 17 de octubre: decir a los gobernantes que no están ahí para hacer lo que les venga en gana sin más límites que los de su peor ocurrencia. Que son un gobierno legal, pero están a punto de convertirse en un gobierno ilegítimo. Y que nuestro deber de lealtad para con las autoridades incluye avisarles del peligro de que incurran en indignidad. Al fin y al cabo, como sabía Ortega, “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.
